Comienza el derribo de las 214 viviendas ilegales del Alto del Cuco

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, acompañadas por los directores generales de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco González y Miguel Ángel Palacio, respectivamente, han asistido esta mañana al comienzo de las obras de demolición de las 214 viviendas ilegales construidas en el Alto del Cuco.

Los trabajos encomendados a la empresa pública Tragsa tendrán una duración de seis meses y un coste de más de un millón de euros, a los que habrá que sumar otros 2,7 millones para la regeneración ambiental de la zona. El Ejecutivo cántabro adelantará los 3,7 millones de euros  necesarios para acometer, tanto el derribo de las viviendas como la posterior restauración, que serán devueltos por el Consistorio de Piélagos en un plazo de diez años.

Díaz Tezanos ha hecho hincapié en que el de hoy es un día  que tiene un punto de vista “positivo”, ya que evidencia la “clara y firme” voluntad del Gobierno de Cantabria de cumplir las sentencias de los tribunales de justicia, pero también “negativo” porque se está destruyendo una “importante” inversión privada en unas construcciones que nunca se debieron autorizar.

“El Cuco es una de las muchas barbaridades que el PP ha llevado a cabo en materia urbanística en nuestra comunidad autónoma”, ha asegurado la vicepresidenta, quien ha recordado que, cuando el actual Ejecutivo regional asumió  las responsabilidades de gobierno, hace un año, se encontró con un proceso totalmente paralizado y con una inejecución de una sentencia que ya era firme.

En estos meses, ha subrayado, el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha todo el mecanismo para ejecutar esta sentencia de demolición de las 214 viviendas que se llegaron a construir de las 400 proyectadas y, posteriormente, del proceso de regeneración y de restauración ambiental que se va a llevar en esta zona de importante valor paisajístico.

 

Sabor agridulce

Por su parte, Samperio ha reconocido que el de hoy “no es un día feliz para el municipio”, pero sí un paso adelante, una salida a una situación que estaba enquistada desde hacía muchos años y a una sentencia, que había que cumplir.

“Al Ayuntamiento de Piélagos le sale caro la ejecución de esta sentencia”, ha advertido la regidora, quien ha incidido en que, gracias a la reciente firma del convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, los pagos “van a ser más cómodos”, ya que el Consistorio no deberá abonar de forma inmediata un pago único de 3,7 millones de euros, una cuantía “imposible e inasumible”.

De hecho, ha aclarado que el Gobierno de Cantabria asume los gastos ahora, pero el Ayuntamiento los tiene que devolver a lo largo de diez años, por lo que, durante ese tiempo, ha dicho, “nuestro presupuesto va a estar hipotecado porque va a tener que devolver 370.000 euros anuales”.

Samperio ha recalcado que el comienzo del derribo de las 214 viviendas ilegales del Alto del Cuco deja a Piélagos un “sabor agridulce”, al tiempo que ha reiterado que, si se puede ejecutar la sentencia, es “gracias a la estrecha colaboración que tenemos con el Ejecutivo regional”.

De otra manera, siendo nosotros -en alusión al Ayuntamiento de Piélagos- los únicos a los que los tribunales han declarado responsables de esta demolición y regeneración, “si tuviéramos que cumplir la sentencia y asumirla sin la ayuda del Gobierno regional sería inviable para el Consistorio”.